Denuncian a empleados de la SHCP por ‘hackear’ compranet
La empresa acusa que desde la propia Oficialía Mayor -de forma electrónica- se está pactando quién gana y quien pierde la adjudicación de los contratos; esto sin que los Órganos Internos de Control o las dependencias tengan forma de detectar lo sucedido.
A través de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la empresa Mainbit SA de CV, señaló haber sido víctima de un nuevo esquema de corrupción en las contrataciones públicas a cargo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La denuncia señala que los principales operadores de este nuevo esquema son servidores públicos que administran el sistema Compranet; quienes de acuerdo con Mainbit, reciben sobornos de empresas a cambio de modificar o “hackear” los archivos electrónicos de las licitaciones públicas a favor de estos.
La empresa asegura que, con base en la temporalidad de los hechos, las personas implicadas serían Alberto Olivas Sánchez, entonces Director General de la Unidad de Política de las Contrataciones Públicas (UPCP), con ayuda de Raúl Jaime Pilar Bahena, Subdirector del área y su principal operador.
Mainbit argumentó en su denuncia ante la FGR que cuenta con indicios para señalar que propuestas enviadas por ellos a dicho sistema fueron modificadas, o hackeadas, por algún funcionario de la Oficialía Mayor de Hacienda, dependencia a cargo de Thalia Concepción Lagunas. Específicamente de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP), ya que esta tiene acceso y administra el sistema de Compranet.
La empresa acusa que desde la propia Oficialía Mayor -de forma electrónica- se está pactando quién gana y quien pierde la adjudicación de los contratos; esto sin que los Órganos Internos de Control o las dependencias tengan forma de detectar lo sucedido.
En la denuncia se muestran detalles de uno de estos casos, el cual inició el pasado 8 de febrero de 2022 con la publicación en CompraNet de la convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. LA-049000975-E10-2022 de la propia FGR, cuyo objeto es la “Prestación del Servicio Administrado de Infraestructura de Equipos de Cómputo, Periféricos y Servicios Asociados”.
La convocatoria estipulaba que los interesados debían enviar sus propuestas el 30 de marzo del 2022. Sin embargo, esta fecha fue reagendada injustificadamente hasta el 27 de mayo. Según la denuncia, ese día la empresa subió al sistema Compranet su propuesta económica sellada con su firma digital (FIEL). Esto generó automáticamente un archivo resumen del envío de la propuesta, llamado “Summary.1086646.pdf”. A los pocos minutos, la empresa recibe un correo de confirmación por parte de CompraNet.
El problema sucedió pocos minutos después, cuando la empresa revisa el sistema CompraNet y este les indica que la propuesta no cuenta con la firma digital, por lo que proceden a volver a hacerlo. Es en ese momento en que el parámetro de Acreditamiento de Personalidad Jurídica y Datos de Notificación advirtió que el archivo que estaban a punto de firmar no corresponde al documento que se había subido anteriormente. Este nuevo archivo, sin firma electrónica, lleva el nombre de “Summary.1086646.pdf [2]”. La empresa tiene pruebas de que el archivo que ellos subieron con nombre “Summary.1086646.pdf” y el que apareció en el sistema, “Summary.1086646.pdf [2]”, no son el mismo.
Este hecho generó que en la Oficialía Mayor se encendieran las alarmas, pues se rumora que hay más empresas interesadas en denunciar casos similares. Por lo cual el mes pasado, la titular Thalía Lagunas solicitó la renuncia de Alberto Olivas Sánchez; quien desde septiembre pasado se desempeñaba como director general en la UPCP. En este mismo periodo de tiempo fue cuando empezaron las inconformidades de varias empresas al respecto; por lo que se afirma que Alberto Olivas Sánchez es quien podría ser el principal operador de este esquema de corrupción.
Aunque no se dio a conocer el motivo real de la salida de Olivas Sánchez, este ya ocupa un puesto dentro de la Secretaría de Bienestar, a cargo Ariadna Montiel, como director general de Padrones de Beneficiarios, sin embargo, la FGR continúa con las investigaciones.
Fuente: excelsior
